Oficialía Mayor presume transparencia; diputados cuestionan contratos y gastos
Oficialía Mayor presume transparencia; diputados cuestionan contratos y gastos
Daniel Pérez González.- Édgar Orlando Ángeles Pérez compareció por primera vez ante el Congreso de Hidalgo como titular de la Oficialía Mayor, donde defendió los mecanismos de contratación del gobierno de Julio Menchaca Salazar, reportó la recuperación de 436 inmuebles valuados en más de mil 300 millones de pesos y aseguró que se evitaron posibles afectaciones al erario por más de 74 millones de pesos. Sin embargo, las preguntas de legisladores y ciudadanos pusieron sobre la mesa dudas sobre arrendamientos, adjudicaciones, conflictos de interés y la comprobación del ahorro anunciado.
Durante la comparecencia, realizada como parte de la revisión del cuarto informe de gobierno, el funcionario sostuvo que la administración estatal ha fortalecido la transparencia, el control del gasto y la protección del patrimonio público.
El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, Andrés Velázquez Vázquez, destacó la importancia de la rendición de cuentas y señaló que los funcionarios de primer nivel pueden ser llamados a comparecer para explicar el uso de los recursos públicos.
La presentación de Ángeles Pérez marcó un precedente legislativo, al ser la primera ocasión en que un titular de la Oficialía Mayor comparece ante la LXVI Legislatura.
Uno de los principales argumentos del funcionario fue el incremento de las compras gubernamentales mediante licitación pública nacional. Según sus cifras, este mecanismo pasó de representar 66% de las contrataciones en 2022 a 99% en 2026.
De enero a septiembre del periodo informado, precisó que 310 de 313 contratos se adjudicaron mediante este procedimiento, por un monto aproximado de 2 mil 500 millones de pesos.
Ángeles Pérez aseguró que las decisiones no dependen exclusivamente de su oficina, sino de un Comité de Adquisiciones integrado por representantes de seis instancias gubernamentales, encargado de evaluar las propuestas técnicas y económicas.
Explicó que el procedimiento comprende 15 etapas, desde la identificación de necesidades y el estudio de mercado hasta la evaluación y el fallo.
Las diputadas Mónica Leanett Reyes Martínez, de Nueva Alianza, y Claudia Lilia Luna Islas, del PAN, cuestionaron los mecanismos para verificar los resultados, conocer los costos de los contratos y garantizar que las compras se realicen sin irregularidades.
También solicitaron información desglosada sobre mantenimiento vehicular, rehabilitación de oficinas, arrendamientos y otros servicios contratados por el gobierno estatal.
El funcionario defendió la licitación pública como una herramienta para mejorar las condiciones de compra, aunque reconoció que la selección no depende únicamente del precio más bajo, sino del cumplimiento de las especificaciones técnicas.
Otro de los puntos centrales fue el monto de recursos que, de acuerdo con la Oficialía Mayor, se protegió mediante sanciones y cancelaciones de contratos incumplidos.
El funcionario informó que se aplicaron penalizaciones a 35 contratos por 5 millones 819 mil pesos y se rescindieron seis contratos por un monto de 68 millones de pesos.
Con estas acciones, aseguró, se evitaron posibles daños a las finanzas estatales superiores a 74 millones de pesos.
Sin embargo, durante la sesión de preguntas, la diputada María del Rosario Guerrero Martínez, de Morena, solicitó precisar si el dinero reportado había ingresado efectivamente a las arcas públicas o si correspondía a una estimación de recursos cuya salida se evitó.
La respuesta distinguió ambos conceptos: alrededor de 5 millones de pesos ingresaron efectivamente al erario por penalizaciones, mientras que el resto corresponde a pagos que, según el funcionario, no se realizaron debido a la rescisión de contratos incumplidos.
La diferencia es relevante para evaluar los resultados financieros de la dependencia, pues una cantidad recuperada no representa lo mismo que un gasto potencialmente evitado.
Ángeles Pérez señaló que los proveedores pueden recibir sanciones por cada día de retraso y que, cuando las penalizaciones alcanzan el límite establecido, equivalente al 15% del contrato, procede la rescisión. Los casos también pueden notificarse a la Secretaría de la Contraloría para su investigación.
En materia inmobiliaria, el oficial mayor informó que la administración estatal recuperó e incorporó 436 inmuebles, con un valor cercano a mil 300 millones de pesos.
Explicó que las acciones incluyeron revocaciones de decretos de donación, reversiones, incorporaciones de bienes, procedimientos jurídicos y ejecución de créditos fiscales.
Entre los ejemplos mencionó la regularización de 184 hectáreas valuadas en 400 millones de pesos, que no contaban con escrituras, así como la incorporación de un edificio que actualmente alberga al Tribunal de Justicia Administrativa.
También destacó el inmueble destinado a la Casa de las Adolescentes y de transición del DIF.
Ante los cuestionamientos legislativos, afirmó que los 436 bienes están regularizados e inscritos en la cuenta pública, después de que algunos carecían de escrituras o no estaban registrados a nombre del gobierno estatal.
El funcionario agregó que la política de comodatos busca garantizar el aprovechamiento social de los inmuebles y permitir revisiones periódicas sobre su conservación y uso.
No obstante, quedaron pendientes solicitudes de información sobre la situación jurídica de propiedades en la región Otomí-Tepehua y el terreno destinado a una unidad deportiva en Tenango de Doria, cuyo proyecto enfrenta un asunto legal relacionado con un amparo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
El arrendamiento de autobuses para el sistema Tuzobús también concentró parte del debate legislativo, debido al costo del contrato y a las diferencias entre las propuestas presentadas por las empresas participantes.
Ángeles Pérez informó que el contrato para las unidades tiene una duración de 26 meses y un costo de 662 millones de pesos, frente a los 792 millones que, según su comparación, habría costado adquirirlas.
Explicó que el arrendamiento incluye mantenimiento preventivo y correctivo, refacciones, seguros, llantas, hojalatería, pintura y la reparación o sustitución de vehículos cuando sea necesario.
También reportó una reducción de 37% en el tiempo de traslado entre la estación Téllez y el centro de Pachuca, al pasar de 85 a 52 minutos.
Sin embargo, la diputada Johana Montcerrat Hernández Pérez, del PRI, cuestionó las diferencias entre las ofertas económicas. Según la información presentada durante la comparecencia, participaron tres empresas con propuestas de 662, 625 y 431 millones de pesos.
El funcionario sostuvo que las dos ofertas más económicas fueron descartadas por incumplimientos técnicos y, en uno de los casos, por una sanción previa de la Secretaría de la Función Pública.
La diputada Karla Perales Arrieta, de Movimiento Ciudadano, solicitó además documentación sobre las unidades contratadas, recibidas y aceptadas, así como las actas correspondientes y los criterios financieros que justificaron el arrendamiento.
Por su parte, ciudadanos cuestionaron las deficiencias de las 36 estaciones del sistema, entre ellas filtraciones, puertas dañadas y sanitarios sin drenaje. El funcionario respondió que se trabaja con las instancias responsables para rehabilitar las instalaciones.
En contraste con los cuestionamientos sobre los arrendamientos, el oficial mayor presentó como resultado positivo la operación directa del estacionamiento del Estadio Hidalgo durante los partidos del Club Pachuca.
Ante una pregunta de la diputada Orquídea Larragoiti Osorio, del PT, explicó que el gobierno decidió dejar el esquema de arrendamiento que mantenía con la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) para incrementar sus ingresos.
De acuerdo con su exposición, los pagos anuales por la concesión fueron de 115 mil pesos entre 2005 y 2011, 167 mil pesos entre 2011 y 2016 y 204 mil pesos entre 2016 y 2022.
En cambio, entre septiembre del año anterior y septiembre del periodo reportado, la operación directa generó 3.4 millones de pesos.
El dato fue presentado como evidencia de una mayor captación de recursos, aunque durante la comparecencia también se solicitó información sobre los gastos y costos asociados a distintos servicios gubernamentales.
La diputada Claudia Lilia Luna Islas pidió aclaraciones sobre el gasto en mantenimiento de vehículos, rehabilitación de espacios públicos y oficinas, renta de equipos y diferencias entre contratos.
El funcionario afirmó que el arrendamiento de vehículos para la Secretaría de Seguridad Pública representa un ahorro aproximado de 190 millones de pesos frente a la compra, al considerar mantenimiento, seguros, refacciones y unidades sustitutas.
También informó que el mantenimiento del Parque Cultural Hidalguense cuesta cerca de 21 millones de pesos, mientras que los contratos de equipos de cómputo suman alrededor de 30 millones de pesos en cuatro años.
Sobre las condiciones del parque, explicó que el tránsito de visitantes ha deteriorado algunas áreas y que se optó por colocar materiales más resistentes para reducir el gasto recurrente en pintura.
Se comprometió a entregar un desglose de los costos de mantenimiento de inmuebles, mobiliario y equipamiento.
En otro tema, precisó que más de 304 millones de pesos se destinaron durante 2024 y 2025 a maquinaria pesada, después de que la administración recibiera equipos anteriores en malas condiciones o fuera de operación.
Durante la sesión también se abordó la situación de las personas jubiladas del gobierno estatal.
Ángeles Pérez informó que, de aproximadamente mil 800 jubilados, mil 100 recibían pensiones inferiores al salario mínimo. Según explicó, esos pagos se ajustaron a dicho nivel y posteriormente se actualizaron conforme aumentó el salario mínimo.
Además, anunció que se presentará al Congreso una propuesta presupuestal para incrementar las jubilaciones en 2027.
El presupuesto destinado a este rubro pasó de 200 millones de pesos en 2022 a 700 millones actualmente. El funcionario estimó que alcanzará mil millones al cierre de la administración y alrededor de mil 300 millones en 2034.
La participación ciudadana amplió el escrutinio sobre la Oficialía Mayor. Entre los temas planteados estuvieron la compra de un departamento a una empresa vinculada con una persona para la que el funcionario trabajó anteriormente, así como posibles conflictos de interés en contrataciones públicas.
Ángeles Pérez aseguró que la adquisición está declarada en su declaración patrimonial y reiteró que los contratos se deciden mediante un comité colegiado. También negó que se soliciten pagos indebidos o “moches” a proveedores e invitó a presentar denuncias ante las autoridades competentes.
Otro cuestionamiento se refirió a 14 contratos por adjudicación directa, por aproximadamente 70 millones de pesos, para adquirir despensas y otros apoyos durante la vaguada monzónica. El funcionario indicó que la Contraloría y los órganos internos de control supervisaron los procedimientos y verificaron la entrega de los bienes.
Sobre una investigación relacionada con su declaración patrimonial y empresas vinculadas, señaló que la Secretaría de la Contraloría no le había notificado ningún fallo.
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Daniel Pérez González.- Édgar Orlando Ángeles Pérez compareció por primera vez ante el Congreso de Hidalgo como titular de la Oficialía Mayor, donde defendió los mecanismos de contratación del gobierno de Julio Menchaca Salazar, reportó la recuperación de 436 inmuebles valuados en más de mil 300 millones de pesos y aseguró que se evitaron posibles afectaciones al erario por más de 74 millones de pesos. Sin embargo, las preguntas de legisladores y ciudadanos pusieron sobre la mesa dudas sobre arrendamientos, adjudicaciones, conflictos de interés y la comprobación del ahorro anunciado.
Durante la comparecencia, realizada como parte de la revisión del cuarto informe de gobierno, el funcionario sostuvo que la administración estatal ha fortalecido la transparencia, el control del gasto y la protección del patrimonio público.
El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, Andrés Velázquez Vázquez, destacó la importancia de la rendición de cuentas y señaló que los funcionarios de primer nivel pueden ser llamados a comparecer para explicar el uso de los recursos públicos.
La presentación de Ángeles Pérez marcó un precedente legislativo, al ser la primera ocasión en que un titular de la Oficialía Mayor comparece ante la LXVI Legislatura.
Uno de los principales argumentos del funcionario fue el incremento de las compras gubernamentales mediante licitación pública nacional. Según sus cifras, este mecanismo pasó de representar 66% de las contrataciones en 2022 a 99% en 2026.
De enero a septiembre del periodo informado, precisó que 310 de 313 contratos se adjudicaron mediante este procedimiento, por un monto aproximado de 2 mil 500 millones de pesos.
Ángeles Pérez aseguró que las decisiones no dependen exclusivamente de su oficina, sino de un Comité de Adquisiciones integrado por representantes de seis instancias gubernamentales, encargado de evaluar las propuestas técnicas y económicas.
Explicó que el procedimiento comprende 15 etapas, desde la identificación de necesidades y el estudio de mercado hasta la evaluación y el fallo.
Las diputadas Mónica Leanett Reyes Martínez, de Nueva Alianza, y Claudia Lilia Luna Islas, del PAN, cuestionaron los mecanismos para verificar los resultados, conocer los costos de los contratos y garantizar que las compras se realicen sin irregularidades.
También solicitaron información desglosada sobre mantenimiento vehicular, rehabilitación de oficinas, arrendamientos y otros servicios contratados por el gobierno estatal.
El funcionario defendió la licitación pública como una herramienta para mejorar las condiciones de compra, aunque reconoció que la selección no depende únicamente del precio más bajo, sino del cumplimiento de las especificaciones técnicas.
Otro de los puntos centrales fue el monto de recursos que, de acuerdo con la Oficialía Mayor, se protegió mediante sanciones y cancelaciones de contratos incumplidos.
El funcionario informó que se aplicaron penalizaciones a 35 contratos por 5 millones 819 mil pesos y se rescindieron seis contratos por un monto de 68 millones de pesos.
Con estas acciones, aseguró, se evitaron posibles daños a las finanzas estatales superiores a 74 millones de pesos.
Sin embargo, durante la sesión de preguntas, la diputada María del Rosario Guerrero Martínez, de Morena, solicitó precisar si el dinero reportado había ingresado efectivamente a las arcas públicas o si correspondía a una estimación de recursos cuya salida se evitó.
La respuesta distinguió ambos conceptos: alrededor de 5 millones de pesos ingresaron efectivamente al erario por penalizaciones, mientras que el resto corresponde a pagos que, según el funcionario, no se realizaron debido a la rescisión de contratos incumplidos.
La diferencia es relevante para evaluar los resultados financieros de la dependencia, pues una cantidad recuperada no representa lo mismo que un gasto potencialmente evitado.
Ángeles Pérez señaló que los proveedores pueden recibir sanciones por cada día de retraso y que, cuando las penalizaciones alcanzan el límite establecido, equivalente al 15% del contrato, procede la rescisión. Los casos también pueden notificarse a la Secretaría de la Contraloría para su investigación.
En materia inmobiliaria, el oficial mayor informó que la administración estatal recuperó e incorporó 436 inmuebles, con un valor cercano a mil 300 millones de pesos.
Explicó que las acciones incluyeron revocaciones de decretos de donación, reversiones, incorporaciones de bienes, procedimientos jurídicos y ejecución de créditos fiscales.
Entre los ejemplos mencionó la regularización de 184 hectáreas valuadas en 400 millones de pesos, que no contaban con escrituras, así como la incorporación de un edificio que actualmente alberga al Tribunal de Justicia Administrativa.
También destacó el inmueble destinado a la Casa de las Adolescentes y de transición del DIF.
Ante los cuestionamientos legislativos, afirmó que los 436 bienes están regularizados e inscritos en la cuenta pública, después de que algunos carecían de escrituras o no estaban registrados a nombre del gobierno estatal.
El funcionario agregó que la política de comodatos busca garantizar el aprovechamiento social de los inmuebles y permitir revisiones periódicas sobre su conservación y uso.
No obstante, quedaron pendientes solicitudes de información sobre la situación jurídica de propiedades en la región Otomí-Tepehua y el terreno destinado a una unidad deportiva en Tenango de Doria, cuyo proyecto enfrenta un asunto legal relacionado con un amparo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
El arrendamiento de autobuses para el sistema Tuzobús también concentró parte del debate legislativo, debido al costo del contrato y a las diferencias entre las propuestas presentadas por las empresas participantes.
Ángeles Pérez informó que el contrato para las unidades tiene una duración de 26 meses y un costo de 662 millones de pesos, frente a los 792 millones que, según su comparación, habría costado adquirirlas.
Explicó que el arrendamiento incluye mantenimiento preventivo y correctivo, refacciones, seguros, llantas, hojalatería, pintura y la reparación o sustitución de vehículos cuando sea necesario.
También reportó una reducción de 37% en el tiempo de traslado entre la estación Téllez y el centro de Pachuca, al pasar de 85 a 52 minutos.
Sin embargo, la diputada Johana Montcerrat Hernández Pérez, del PRI, cuestionó las diferencias entre las ofertas económicas. Según la información presentada durante la comparecencia, participaron tres empresas con propuestas de 662, 625 y 431 millones de pesos.
El funcionario sostuvo que las dos ofertas más económicas fueron descartadas por incumplimientos técnicos y, en uno de los casos, por una sanción previa de la Secretaría de la Función Pública.
La diputada Karla Perales Arrieta, de Movimiento Ciudadano, solicitó además documentación sobre las unidades contratadas, recibidas y aceptadas, así como las actas correspondientes y los criterios financieros que justificaron el arrendamiento.
Por su parte, ciudadanos cuestionaron las deficiencias de las 36 estaciones del sistema, entre ellas filtraciones, puertas dañadas y sanitarios sin drenaje. El funcionario respondió que se trabaja con las instancias responsables para rehabilitar las instalaciones.
En contraste con los cuestionamientos sobre los arrendamientos, el oficial mayor presentó como resultado positivo la operación directa del estacionamiento del Estadio Hidalgo durante los partidos del Club Pachuca.
Ante una pregunta de la diputada Orquídea Larragoiti Osorio, del PT, explicó que el gobierno decidió dejar el esquema de arrendamiento que mantenía con la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) para incrementar sus ingresos.
De acuerdo con su exposición, los pagos anuales por la concesión fueron de 115 mil pesos entre 2005 y 2011, 167 mil pesos entre 2011 y 2016 y 204 mil pesos entre 2016 y 2022.
En cambio, entre septiembre del año anterior y septiembre del periodo reportado, la operación directa generó 3.4 millones de pesos.
El dato fue presentado como evidencia de una mayor captación de recursos, aunque durante la comparecencia también se solicitó información sobre los gastos y costos asociados a distintos servicios gubernamentales.
La diputada Claudia Lilia Luna Islas pidió aclaraciones sobre el gasto en mantenimiento de vehículos, rehabilitación de espacios públicos y oficinas, renta de equipos y diferencias entre contratos.
El funcionario afirmó que el arrendamiento de vehículos para la Secretaría de Seguridad Pública representa un ahorro aproximado de 190 millones de pesos frente a la compra, al considerar mantenimiento, seguros, refacciones y unidades sustitutas.
También informó que el mantenimiento del Parque Cultural Hidalguense cuesta cerca de 21 millones de pesos, mientras que los contratos de equipos de cómputo suman alrededor de 30 millones de pesos en cuatro años.
Sobre las condiciones del parque, explicó que el tránsito de visitantes ha deteriorado algunas áreas y que se optó por colocar materiales más resistentes para reducir el gasto recurrente en pintura.
Se comprometió a entregar un desglose de los costos de mantenimiento de inmuebles, mobiliario y equipamiento.
En otro tema, precisó que más de 304 millones de pesos se destinaron durante 2024 y 2025 a maquinaria pesada, después de que la administración recibiera equipos anteriores en malas condiciones o fuera de operación.
Durante la sesión también se abordó la situación de las personas jubiladas del gobierno estatal.
Ángeles Pérez informó que, de aproximadamente mil 800 jubilados, mil 100 recibían pensiones inferiores al salario mínimo. Según explicó, esos pagos se ajustaron a dicho nivel y posteriormente se actualizaron conforme aumentó el salario mínimo.
Además, anunció que se presentará al Congreso una propuesta presupuestal para incrementar las jubilaciones en 2027.
El presupuesto destinado a este rubro pasó de 200 millones de pesos en 2022 a 700 millones actualmente. El funcionario estimó que alcanzará mil millones al cierre de la administración y alrededor de mil 300 millones en 2034.
La participación ciudadana amplió el escrutinio sobre la Oficialía Mayor. Entre los temas planteados estuvieron la compra de un departamento a una empresa vinculada con una persona para la que el funcionario trabajó anteriormente, así como posibles conflictos de interés en contrataciones públicas.
Ángeles Pérez aseguró que la adquisición está declarada en su declaración patrimonial y reiteró que los contratos se deciden mediante un comité colegiado. También negó que se soliciten pagos indebidos o “moches” a proveedores e invitó a presentar denuncias ante las autoridades competentes.
Otro cuestionamiento se refirió a 14 contratos por adjudicación directa, por aproximadamente 70 millones de pesos, para adquirir despensas y otros apoyos durante la vaguada monzónica. El funcionario indicó que la Contraloría y los órganos internos de control supervisaron los procedimientos y verificaron la entrega de los bienes.
Sobre una investigación relacionada con su declaración patrimonial y empresas vinculadas, señaló que la Secretaría de la Contraloría no le había notificado ningún fallo.
